La Causa Armenia y el Derecho Internacional

El asesinato es un pecado desde que Caín mató a Abel, mucho antes de los primeros intentos de los abogados por codificar el derecho penal, antes del Hammurabi y de otros códigos antiguos. Más fundamentalmente, el asesinato es un delito en virtud de la ley natural, que es anterior y superior a la ley positivista. Los crímenes contra la humanidad y la civilización fueron delitos antes de que Inglaterra, Francia y Rusia condenaran las matanzas de armenios en 1915. (1)

El genocidio es un delito antes de que Raphael Lemkin acuñara el término en 1944. (2)

De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los principios generales del derecho son una fuente del mismo. No sólo el derecho positivista -protocolos y cartas- sino también, los principios inmanentes de la ley son fuentes del derecho ante la Corte Internacional de Justicia y ellos pueden ser invocados. Entre estos principios se encuentra el “ex injuria non oritur jus”, que establece como norma que de la violación de una ley no puede surgir una ley nueva, y ningún derecho puede ser derivado. Este es un principio básico de la justicia y del sentido común. Otro principio general es “ubi jus, ibi remedium”, donde hay ley, hay también una reparación, en otras palabras, cuando se produce una violación de la ley, debe haber una restitución a las víctimas. Este principio fue reafirmado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en su famoso juicio en el caso Chorzow Factory en 1928. Otro principio general es que el ladrón no puede quedarse con los frutos de su delito. Y otro principio establece que la ley debe ser aplicada de buena fe y de manera uniforme, no de manera selectiva. No existe una ley internacional “a la carta”.

Y sin embargo, hay quienes afirman que los armenios no tienen derechos ante los tribunales porque la Convención del Genocidio fue adoptada en 1948, más de treinta años después del Genocidio Armenio, y porque los tratados normalmente no se aplican con carácter retroactivo. Esto es, por supuesto, una falacia, ya que la Convención del Genocidio se elaboró y aprobó precisamente a causa del Genocidio Armenio y del Holocausto. Este último también es anterior a la Convención y nadie se atrevería a cuestionar la legitimidad de las demandas de los sobrevivientes y descendientes de las víctimas del Holocausto, alegando simplemente que las atrocidades nazis fueron cometidas antes de que entre en vigor la Convención. Por otra parte, esta argumentación es una especie de cortina de humo destinada a confundir y distraer la atención de la base jurídica de las reivindicaciones armenias. En efecto, los derechos de los armenios no se derivan de la Convención del Genocidio. Más bien, la Convención refuerza los derechos preexistentes de las víctimas al reconocimiento, a la restitución y a la compensación. (3)

Los artículos 144 y 230 del Tratado de Sêvres, firmado el 10 de agosto del 1920 por cuatro representantes del Sultán Otomano Mehmed VI, reconocieron los derechos de los sobrevivientes de la campaña de exterminio contra las minorías cristianas del Imperio, como los armenios, los griegos de Pontos y los caldeo-asirios y confirmó la obligación del Estado turco de investigar estos crímenes y castigar a los culpables. El artículo 144 estipula:

El Gobierno turco reconoce la injusticia de la ley de 1915 relativa a las propiedades abandonadas (Emval-i-Metroukeh), y de las disposiciones complementarias a la misma, y la declara nula y sin efecto, en el pasado como en el futuro. El Gobierno turco se compromete solemnemente a facilitar en la medida de lo posible el retorno a sus hogares y el restablecimiento de sus negocios a los sujetos turcos y no turcos que fueron forzosamente desplazados de sus hogares por temor a la masacre o a cualquier otra forma de presión, desde el 1° de enero del 1914. Se reconoce que todos los muebles o inmuebles que pueden ser recuperados, de los sujetos citados o de las comunidades a las que pertenecen, deben ser restaurados a ellos tan pronto como sea posible, en cualquiera de las manos que se pueda encontrar…”

El Artículo 230 establece:

“El Gobierno turco se compromete a entregar las personas a las Potencias Aliadas, cuya rendición podrá ser requerida por este último, como responsable de las masacres cometidas durante la continuación del estado de guerra en el territorio que formaba parte del imperio turco, el 1° de agosto en 1914. Las Potencias Aliadas se reservan para sí el derecho a designar el tribunal que debe juzgar a las personas acusadas, y el Gobierno turco se compromete a reconocer dicho tribunal…”

A pesar de que la Liga de las Naciones nunca estableció un tribunal penal internacional para juzgar a los autores del Genocidio turco contra los armenios y otras minorías cristianas, se llevaron a cabo numerosos juicios bajo la ley turca en Estambul en 1919, incluso antes de que el tratado de Sêvres fuera firmado. Las autoridades turcas realizaron estos juicios contra los funcionarios otomanos involucrados en el genocidio conforme con el código penal otomano. Muchos fueron condenados y tres personas fueron ejecutadas.

El Tratado de Sêvres, sin embargo, no se implementó. Esto se debió al golpe de Estado contra el Sultán por parte de un general turco, Mustafá Kemal, que no sólo lo derrocó, sino que procedió a hacer la guerra contra los griegos y los británicos, empujándolos fuera de Anatolia, y negoció un nuevo tratado de paz con los Aliados garantizando la impunidad de los miles de funcionarios turcos, oficiales y soldados involucrados en las matanzas.

Plantear que las matanzas de armenios no ascienden a la cantidad requerida para un genocidio manifiesta desconocimiento de los hechos y mala fe. No hay duda de que el Genocidio Armenio fue mucho peor que la limpieza étnica que tuvo lugar en la ex Yugoslavia en la década de 1990, un crimen que la Asamblea General, en su resolución 47/121 (1992), consideró “una forma de genocidio”. No hay duda de que las masacres de los armenios fueron mucho peor que la masacre de Srebrenica, que el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia condenó como genocidio.

Pero volvamos al principio general de derecho, ubi jus ibi remedium. Lo que importa hoy en día no es el castigo de los culpables, porque ninguna persona penalmente responsable de las masacres todavía está viva. Lo crucial es el derecho a la patria armenia, lo que implica el derecho del retorno y el derecho a la restitución y la compensación. En este contexto, es pertinente citar el informe final del Reporte Especial de las Naciones Unidas sobre las Dimensiones de los Derechos Humanos en las Transferencias a la Población, por Awn Shawkat Al-Khasawneh (hoy juez de la Corte Internacional de Justicia).

 La Declaración adjuntada al informe, que fue aprobado formalmente por la Comisión de los Derechos Humanos y por el ECOSOC, dispone en su artículo 8: “Toda persona tiene derecho a regresar voluntariamente, y con seguridad y dignidad, al país de origen y, en él , a su lugar de origen o de elección. El ejercicio del derecho al retorno no se opone a derecho de las víctimas a recibir la compensación adecuada, incluyendo la restauración de las propiedades de las que fueron privados como resultado del traslado de población, la compensación por los bienes que no se pueden restaurar, y cualquier otras reparaciones previstas en el derecho internacional”. El artículo 10 reitera la obligación erga omnes de todos los Estados que no reconozcan las consecuencias del crimen: “Cuando se cometan los actos u omisiones prohibidos en la presente Declaración, la comunidad internacional en su conjunto y los Estados individuales tienen la obligación de: (a) no reconocer la legalidad de la situación creada por esos actos; (b) en situaciones en curso, garantizar el cese inmediato del acto y la reversión de las consecuencias perjudiciales; (c) no prestar ayuda, asistencia o apoyo, financiero o de otra manera, al Estado que ha cometido o está cometiendo ese acto, manteniendo o fortaleciendo la situación creada por dicho acto”. (4)

Del mismo modo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Compensación, aprobado por la Asamblea General el 16 de diciembre del 2005 estipula, en parte, en el artículo IX:

“19. La restitución debe, siempre que sea posible, devolver a la víctima a la situación anterior a las violaciones manifiestas en las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración del empleo y la devolución de la propiedad.

20. Debería otorgarse una indemnización por los daños económicamente evaluables, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación según las circunstancias de cada caso, resultantes de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como:

(A) Daño físico o mental;

(B) Pérdida de oportunidades, incluyendo empleo, educación y prestaciones sociales;

(C) Daños materiales y pérdida de ingresos, incluyendo la pérdida del lucro cesante;

(D) Daño moral;

(E) Gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, servicios psicológicos y sociales.” (5)

Como no hay plazo de prescripción aplicable en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, las demandas de Armenia a la restitución y la compensación siguen siendo válidas hoy en día. Lo más importante, sin embargo, es que los armenios tienen derecho a ser reconocidos como víctimas de un genocidio. Tienen derecho a la verdad(6) y a la memoria histórica. Este reconocimiento es un derecho humano fundamental y una condición sine qua non para la reconciliación. Durante décadas, los armenios fueron víctimas del silencio. Y, en efecto, el crimen del silencio es peor que el del negacionismo. El derecho internacional se asegurará de que la verdad y la justicia prevalezcan.

* Alfred-Maurice de Zayas es un abogado cubano, nacionalizado estadounidense, escritor, historiador, experto en el campo de los derechos humanos y jurista asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

(1) Vahakn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, ISBN 1571816666; “The Armenian Genocide and the Legal and Political Issues in the Failure to Prevent or Punish the Crime”, 29 U. West L.A. Law Review, 43.

(2) Alfred de Zayas, The Genocide against the Armenians 1915-1923 and the Relevance of the 1948 Genocide Convention, Haigazian University Press, Lebanon 2010,  ISBN13: 978-9953-475-15-8.

(3)Cf. Geoffrey Robertson, «Was there an Armenian Genocide?» Legal Opinion, 9 October 2009, London, ISBN 978-0-09564086-0-0.

(4) E/CN.4/Sub.2/1997/23.

(5) http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

(6)http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_9_11.pdf; UN Doc A/HRC/12/19, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Right to the truth (2009).

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