Juicio político al Presidente electo de Paraguay Fernando Lugo. Constitución y destitución, la explicación de lo inexplicable.

David-Eleuterio Balbuena Pérez
Licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Avanzados
Universidad Jaime I de Castellón (España
)

         A tan sólo nueve meses de las elecciones en la República del Paraguay, tuvo lugar un juicio político que se desarrolló durante los días 21 y 22 de junio de 2012, por el que se destituyó al Presidente electo Fernando Lugo y pasó a ocupar la presidencia el hasta entonces Vicepresidente Federico Franco. El juicio político previsto en la Constitución paraguaya no es –ni puede ser– un mecanismo al servicio de los poderes del Estado para que destituyan, sin más, al presidente electo de la República. La responsabilidad política por las gestiones que conciernen al presidente en sus funciones de gobierno, ya tienen previsto en la Constitución un mecanismo democrático para que pueda rendir cuentas ante la sociedad, que se traduce en el resultado de las elecciones que se refleja en las urnas. Es decir, que la mala gestión de un dirigente político ya cuenta con una clara consecuencia en el sistema democrático, que se concreta en el coste electoral de sus decisiones y gestiones en el ejercicio de su función gubernativa, y lo que en modo alguno puede admitirse es que esa consecuencia de la mala gestión presidencial –que está reservada exclusivamente al pueblo– pueda ser ejercida a la ligera por el resto de poderes del Estado cuando simplemente no comparten sus gestiones o su actitud no les agrada. Y no puede admitirse porque las Cámaras únicamente pueden exigir responsabilidad política a través de los cauces constitucionales, que son los siguientes:

         El primero son los pedidos de informes, cuando se trata de integrantes de los restantes poderes de Estado, entes autónomos, autárquicos y descentralizados y demás funcionarios públicos exceptuando las funciones jurisdiccionales (art. 192 de la Constitución Nacional paraguaya –en adelante CN–); las citaciones e interpelaciones y, en su caso, el voto de censura, mecanismos que se sirven para exigir responsabilidad política de forma individual a los ministros o a otros funcionarios de la Administración Pública, cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades (arts. 193 y 194 de la CN), en cuyo caso, se concederán cinco días al interpelado para que pueda responder a las preguntas que se formulen. Del sometimiento a estas formas de control están exceptuados el Presidente de la República, el Vicepresidente y los miembros del Poder Judicial. También está prevista la formación de comisiones de investigación (art. 195 CN), a las que no podrán ser sometidos ni el Presidente ni el Vicepresidente de la República ni tampoco los miembros del Poder Judicial.

         El segundo es el cauce del juicio político del art. 225 de la Constitución paraguaya que está reservado a ciertos altos cargos del Estado, que son el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El juicio político se presenta, por tanto, como la única forma de exigencia de responsabilidad política al Presidente de la República, a quien no le son aplicables los restantes medios de control, por lo que, obviamente, tratándose del más alto cargo del Estado, el procedimiento para la exigencia de responsabilidad exclusivamente política por sus gestiones, se presenta en la Constitución paraguaya, como extremadamente reforzado y garantista, extraído, adrede, de los restantes mecanismos de control que la Constitución relaciona.

        En ese orden de cosas y partiendo de esta diferenciación previa, pienso que deberíamos delimitar qué es eso del juicio político, y por qué está previsto como tal en el texto constitucional, ya que el sentido y finalidad del juicio político es el enjuiciamiento de ciertos cargos del Estado por mal desempeño de sus funciones o por la comisión de delitos (que pueden ser de cualquier clase). Primeramente, sobre lo que debe entenderse por mal desempeño de funciones, se parte de que el concepto es ya de por sí excesivamente abstracto e impreciso, y, como se ha dicho por la doctrina constitucionalista paraguaya, confiere una gran potestad al Congreso para posibilitar la función de control de la gestión de los altos cargos a los que les es de aplicación, pero en ningún caso puede ser una cláusula extremadamente abierta donde quepa cualquier clase de censura a las funciones presidenciales, sino que debe interpretarse con el máximo rigor restrictivo posible, pues de otro modo se prestaría a que cualquier actuación contraria a las opiniones partidistas posibilitara su aplicación, lo cual no es para nada acorde con el espíritu del texto constitucional. En cualquier caso, el supuesto mal desempeño de funciones deberá acreditarse en cada caso para que el juicio político pueda seguir adelante y posibilitar la destitución, porque el mecanismo pretende ser más garantista que los restantes métodos de control atribuido a las Cámaras, y no al revés.

         De esa forma, el proceso se atribuye nada menos que a la Cámara Alta, esto es, al Senado de la República, precisamente como un mecanismo que permita que el juicio se lleve a cabo no ante cualquier tribunal, sino ante una Cámara compuesta por indudable pluralidad democrática, integrada por multitud de, para este proceso, jueces y, en definitiva, con mayores pretensiones de salvaguarda de los derechos constitucionales carentes de sujeción a ningún tipo de presión que no sea el derivado de la propia composición cameral que, en esencia, aparece ya configurada con el máximo rigor democrático por cuanto que es el resultado directo de la voluntad popular a la que representa. Y se atribuye al Senado porque es un procedimiento excepcional, en el sentido de que la propia CN confía en que dichos hechos no van a ser comunes en la vida política de la República –lo contrario sería admitir continuas crisis de Estado en el país– por lo que, por ser excepcional, sus garantías también deben ser excepcionales.

         Por eso mismo es por lo que, como punto de partida, se impone el respeto al resto de preceptos constitucionales, entre ellos el relativo al derecho al debido proceso, que aunque se cuestiona, el juicio político también lo es porque, si no lo fuera, no tendría ese nombre, y lógicamente todo juicio (con independencia del órgano que lo conozca) debe someterse a las normas rituales del proceso cuyos principios esenciales están delimitados en la propia Constitución. Y en ese orden de cosas, con mayor motivo, si nos encontramos ante un juicio en el que una persona como el Presidente soporta una verdadera acusación, el proceso necesariamente deberá regirse por las garantías del proceso penal, que son, en síntesis, la presunción de inocencia, defensa, contradicción, prueba, audiencia, conocimiento de las acusaciones, motivación de las resoluciones, irretroactividad, legalidad, etc. Es más, en el juicio político del día 22 de junio de 2012 en Paraguay, la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal, con una verdadera acusación formalizada en un libelo y mantenida por un grupo de Diputados constituidos en Fiscales, hubo un trámite de defensa a través de los abogados del Presidente, hubo un acusado, un trámite de aportación y admisión de prueba, alegatos conclusivos, traída de Autos para sentencia, y votación de veredicto “por la condena o la absolución”, por lo que no creo que quepa ninguna duda de que el juicio político es un verdadero juicio.

         El juicio político, por tanto, no puede concebirse como algo semejante al voto de censura o al resto de mecanismos para la exigencia de responsabilidad política a los que antes referíamos, sino que, por la relevancia de las personas a las que va dirigido, debe concebirse como algo mucho más relevante y estricto, y no al revés. Es decir, que el motivo por el que el Presidente de la República no puede ser sometido a citaciones, interpelaciones, ni a las comisiones de investigación es que, para el caso de que las Cámaras hayan perdido la confianza en sus gestiones de gobierno, la Constitución ya contempla un mecanismo específico donde deberá realizarse una labor distinta y más estricta a la contenida en dichos mecanismos o por lo menos equiparable a ellos. O lo que es lo mismo: de la Constitución se desprende que no tiene sentido someter al Presidente a las comisiones de investigación porque todas sus funciones se circunscriben al ámbito del juicio político y, del mismo modo, carece de sentido citarle para interpelaciones porque ya existe un cauce constitucional específico para tal fin: el juicio político, que no puede suponer precisamente la supresión de las garantías que los restantes mecanismos de control contienen para cargos menos relevantes en la estructura jerárquica del Estado, de otra forma no se entiende esa separación entre los distintos mecanismos. ¿Para qué está previsto entonces el juicio político? Si la Constitución no hubiese querido que fuera un verdadero juicio y un mecanismo diferente de los restantes métodos de control y de exigencia de responsabilidad política, no habría articulado la exclusión expresa del Presidente de la República al sometimiento a los demás mecanismos de control, ni habría creado una figura como la del juicio político, y no tiene mucho sentido desatender el tenor literal del texto constitucional, porque lo contrario sería interpretarlo de forma un tanto ingenua.

         Sin separarnos del precepto, no podemos eludir ni tampoco perder de vista, que el propio art. 225 de la Constitución paraguaya cuando regula el juicio político, refiere expresamente a los vocablos “juzgar en juicio público”, “acusación”, “acusado”, “declararlos culpables”, términos jurídicamente pertenecientes a la esfera del Derecho procesal y, dentro de ella, al ámbito específico del Derecho procesal penal, lo que necesariamente debe conducirnos a interpretar conforme a su sentido propio para no incurrir en una contradicción en los términos. Es decir, que la única cuestión que podría llevarnos a concluir que el juicio político no es un verdadero juicio y no se halla sometido a las reglas del debido proceso, sería la palabra “político” que actúa como un adjetivo del sustantivo principal “juicio” y que además el desarrollo del precepto contiene una serie de conceptos procesales que integran su verdadero alcance y significado constitucional. Es, a mi modo de ver, una forma de vaciar de contenido un precepto constitucional centrando la atención en el lugar equivocado. Lo fundamental es que es un juicio, y que sea político sólo significa que su conocimiento le está vedado al Poder Judicial y que la responsabilidad exigible para posibilitar la destitución únicamente puede ser política.

         Pero, ¿cuál es el procedimiento por el que debe sustanciarse y decidirse el juicio político? Empezando por esta cuestión, el juicio político está previsto en un único artículo, el 225 CN, ya que no pudo ser pretensión del legislador constituyente de 1992, agotar todos los aspectos de su regulación, sino que trazó únicamente su formulación esencial confiando en que posteriormente se procedería a un amplio desarrollo reglamentario en consonancia con la previsión conferida en el texto constitucional. Pero el caso es que el ordenamiento paraguayo no contaba con un reglamento, así que, en principio, las dos opciones posibles son la aplicación supletoria de las restantes leyes procesales de la República, que serían el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil –lo que no parece muy oportuno por no tratarse de un proceso judicial–, o la promulgación de un reglamento para tal efecto. Esta segunda opción fue la elegida en este caso y los problemas jurídicos que plantea no son pocos, empezando porque la creación de un procedimiento con posterioridad a la acusación –aunque sólo sea para la exigencia de responsabilidad política– podría ir en contra del principio de irretroactividad al haberse aprobado ad hoc para este caso. Pero los problemas van más allá, porque el reglamento en sí estableció para el litigio unos plazos contados en horas, confiriendo dos horas para presentar las acusaciones, y menos de un día para presentar y mantener la defensa. Es decir, que se fijó un horario como si se tratara de una obra de teatro con diferentes funciones consecutivas, en la que, a las 12 horas tenía la palabra la defensa; a las 14'30 horas, la sesión para la prueba; a las 15'30 horas, turno para los alegatos de las acusaciones y acto seguido los alegatos de la defensa; finalmente a las 16'30 horas, sesión extraordinaria para dictar sentencia.

         Se trata de un desarrollo reglamentario de la previsión constitucional en sí mismo contrario a los postulados esenciales del derecho de defensa y del debido proceso, porque pudiendo conferirle al acusado el tiempo suficiente para que se defienda de manera digna, se le agarró prácticamente por sorpresa y se le otorgó un plazo muy alejado de cualquier criterio mínimo de razonabilidad que, por irrisorio, convirtió la defensa en indigna, evocando en nuestra memoria aquellos juicios sumarísimos propios de otros regímenes y de otras épocas. Y además, contrariamente a lo que sucede en el mecanismo de control para otros cargos del Estado como las interpelaciones donde hay un mínimo de cinco días para que el citado e interpelado pueda contestarlas, en este juicio político el tiempo para contestar a las acusaciones fue, contra toda lógica, de tan solo de unas horas.

         Por ese motivo, las defensas del Presidente Lugo accionaron de inconstitucionalidad el citado reglamento ante la Corte Suprema de Justicia, de cuyo resultado –en caso de haber sido estimada la acción–, las consecuencias habrían sido devastadoras para el proceso de cambio presidencial del que ya no es posible el retorno. Sin duda la Corte Suprema de Justicia ha dejado pasar la ocasión para reforzar el sentido garantista del juicio político en lo que a los propios Ministros de la Corte respecta, ya que sus integrantes sólo pueden ser removidos mediante el juicio político (art. 261 CN) y a través de esta declaración de constitucionalidad del reglamento, la Corte ha venido a proclamar la arbitrariedad del mecanismo por el que se puede producir su propia destitución. Al más puro estilo Robespierre, que tras la revolución francesa tuvo la brillante idea de proponer a la Asamblea Nacional la reforma de las normas de la valoración de la prueba del Código Proceso Penal, para posibilitar que pudieran ser condenados quienes las habían creado en el antiguo régimen –que por otra parte ya había sido engullido por la revolución–. La Asamblea se dio cuenta de que con las normas procesales del antiguo régimen no podían condenar a casi nadie, por lo que triunfó la idea que impuso un sistema para valorar la prueba “en conciencia”. Obviamente, valorando la prueba en conciencia no tardó mucho el propio Robespierre en ser ejecutado en la guillotina (el 28 de julio de 1794), que sólo fue uno de tantos entre las más de 5.000 personas a las que se les cortó la cabeza en el que fue su período del terror (1793-1794). La Corte Suprema de Justicia del Paraguay, ha hecho algo similar: al asegurarse de que el proceso por el que se les puede destituir carece de las mínimas garantías exigibles para imposibilitar destituciones arbitrarias, ha venido a sentenciar la fácil remoción de sus Ministros.

         Y siguiendo con este peculiar juicio político, lo que no podemos mantener ni siquiera hipotéticamente en un juicio donde el Presidente soporta acusaciones de tal calado, es que sea precisamente el acusado el que se vea obligado a aportar al juicio un ramo de prueba que demuestre su inocencia o que la carga de la prueba resida en este caso en el acusado, porque dicha práctica no sólo no es constitucionalmente válida, sino que al acusado le bastaría con negar las acusaciones y sería la parte acusadora la que debería probarlas. Lo contrario sería un retorno al sistema inquisitivo –felizmente abandonado por el Derecho paraguayo– que nos alejaría del actual sistema procesal acusatorio por el que se viene rigiendo con normalidad en las últimas décadas el país, lo cual, trasladado al ámbito del juicio político, no deja de ser un sin sentido. En este caso, resultó que las acusaciones –a las que posteriormente referiré–, no aportaron al proceso ni una sola prueba que pudiera acreditar lo que mantenían, bajo la justificación de una tergiversada y desafortunada forma de interpretar la prueba en cualquier clase de proceso acusatorio construida sobre la premisa de que, al ser hechos notorios, no necesitan prueba.

         Por si fuera poco, la acusación presentó un ramo de prueba documental que fue admitido sin que la mayoría de Senadores lo hubiese ni siquiera analizado, y que constaba, básicamente, de artículos periodísticos que criticaban la gestión del presidente ante varios temas de actualidad social y política. Cabe decir que las meras opiniones periodísticas son pruebas que no sólo no debieron admitirse, sino que además, de ser incorporadas al proceso, no deberían haber tenido más valor que el anecdótico, ayudando así a reforzar la inconsistencia acusatoria, al margen de la pobre imagen que se proporciona al mundo cuando un juicio contra el Presidente de la República se basa en meras opiniones de diarios que no pueden tener más valor que el que la libertad de expresión y de información les confiere: las opiniones son meras apreciaciones subjetivas que responden a la esfera de la libertad de expresión y sólo sirven para la formación de la opinión pública, nunca pueden servir para fundamentar la condena en ningún ámbito del Derecho.

         Pero es que además, en tan poco tiempo, el Presidente no tuvo ni siquiera la oportunidad de aportar prueba de descargo, porque en el plazo que se le dio, resultó, como poco, una tarea imposible. Consecuentemente, el Presidente no presentó ninguna prueba. Pero se me ocurre que con un poco más de tiempo, se podrían haber aportado al juicio documentos públicos o privados, expedientes administrativos, documentos de gestión interna de los Ministerios, etc.

         Al margen de lo anterior, la prueba presentada por la parte acusadora me pareció insuficiente, pero igualmente sirvió para dictar una sentencia precedida de las votaciones de cada Senador constituido en juez, basada, como no podía ser de otra forma, en decisiones que fueron tomadas con anterioridad y que no necesitaban estar basadas en ninguna prueba porque, al menos políticamente, ya estaban determinadas. Por eso, en este caso, de poco o de nada podía servir que el juicio político se ajustase a las normas de un debido proceso, de un digno ejercicio del derecho de defensa, de una auténtica actividad probatoria, y de un juicio político de verdad, si las decisiones ya estaban tomadas de antemano y únicamente se cumplió el trámite como quien completa un expediente. Pero es que ahora, a estas alturas y a pesar de lo visto, lo que no puede admitirse es que se conciba el juicio político de esa desatinada forma y no como debería, con el sentido constitucional que realmente tiene, porque entonces no estaríamos ante un verdadero juicio, sería otra cosa –cuya naturaleza y virtualidad jurídica todavía se desconoce–, pero un verdadero juicio no. Si el juicio político es un mecanismo constitucional garantista, en este proceso no hubo ni una sola de las garantías con las que se cuenta en cualquier otra clase de juicio y de proceso en el país, ni siquiera en el ámbito administrativo y ni tan siquiera para los restantes mecanismos de control político de los que está excluido el Presidente.

         Las acusaciones, que versaban de cinco puntos, –sin contar el tono arrogante de algunos de los Diputados-Fiscales que las formularon ante la Cámara, que llegaron a levantar considerablemente la voz acusando en tono amenazante y en una actitud impropia para la solemnidad del momento en que el país y sus representantes se encontraban–, no pudieron estar formuladas de forma más abstracta e inconcreta: la primera era por llevar a cabo un acto político de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las fuerzas armadas; la segunda, el caso Ñacunday, donde se acusó al presidente de ser el instigador de la invasión de tierras por parte de campesinos; la tercera, por la creciente inseguridad en el país, acusándole de tener vínculos con el comando EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo); la cuarta, por haber firmado el Protocolo de Ushuaia II, cuando supuestamente va en contra de los intereses del Estado paraguayo; y la última, por el caso Curuguaty, donde una semana antes en un enfrentamiento entre campesinos y policías que tuvo origen en una orden de desalojo de unas tierras que estaban siendo ocupadas, murieron 17 personas, entre ellas 6 policías, siendo que de todo ello se atribuyó responsabilidad al presidente por haber permitido ese desalojo.

          No será necesario que repita que ninguna de las acusaciones fueron probadas en el juicio, sino que se formularon así, genéricamente y de forma totalmente gratuita sin ningún sustento probatorio, ni siquiera mínimo, porque a la postre el libelo acusatorio decía literalmente: “todas las causales mencionadas arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”. Obviamente, la notoriedad no es algo que dispense o excuse a las acusaciones de la carga de la prueba, ya que, notorio es aquello que se presume y no admite prueba en contrario porque responde a las leyes físicas de la naturaleza o a cuestiones que afectan a una generalidad de personas y existen sin que sea necesario acreditarlas, como por ejemplo, que los minutos duran sesenta segundos o que el siete de julio es San Fermín. Pero de ahí a que las cuestiones que afectan al mal desempeño de las funciones del Presidente de la República no necesiten ser probadas en un juicio político y que sea suficiente una mera formulación genérica de su existencia, hay un buen trecho, y quizás habría que recordar el aforismo quod non est in actis non est in mundo, que implica que lo que no está incorporado al expediente no puede ser tenido en cuenta para dictar resolución.

         Pero es que además, algunas de las acusaciones fueron, desde mi punto de vista, cuanto menos, increíbles, como la de la creciente inseguridad en el país –que no hay por dónde agarrarla–, o la de la firma del Protocolo de Ushuaia II que no había sido todavía ni ratificado y que para su entrada en vigor necesita ser aprobado mediante una ley en el Congreso, por lo que, la solución era bien fácil: si realmente era un tratado que perjudicaba los intereses del país, bastaba con no aprobarlo mediante ley en el Congreso cuando le llegase el turno, sin olvidar que fueron once los países que lo firmaron. Sobre las demás acusaciones, no tengo datos concretos que me permitan valorarlas, por lo que no puedo pronunciarme, pero de lo que sí estoy seguro –porque lo presencié de forma íntegra–, es de que en el desarrollo de juicio no se aportó ninguna prueba ni ningún elemento de convicción que permitiera llegar a la conclusión de que el Presidente pudiera ser culpable de algo de lo que allí se dijo, ni tan siquiera de los supuestos vínculos con el EPP que, de ser ciertos, habrían sido acreditados en el juicio para que la opinión pública tomara conocimiento del tema como sería deseable pero, al no haberse probado, entendemos que dichos vínculos o no existen o se basan en meras suposiciones sin entidad para posibilitar la destitución. ¿Qué sentido tiene que pudiendo probar la vinculación del presidente con el EPP y teniendo la ocasión idónea para que el mundo entero lo vea, no sean capaces de aportar nada que acredite mínimamente esos supuestos vínculos? Es más, el libelo acusatorio decía que “todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP”. Y me pregunto yo, si esa vinculación la conocían todos los miembros de la Cámara, ¿por qué no nos la dieron a conocer también a los demás cuando tuvieron una inmejorable oportunidad para hacerlo?

         En definitiva, el voto “por la condena” que proclamó la aplastante mayoría de Senadores y posibilitó la destitución del Presidente, pese a la apariencia de legalidad y de constitucionalidad, no atendió, para nada, a los límites constitucionales a los que el juicio político está sometido, por lo que fue, a mi modo de ver, una escenificación de algo muy alejado de ser un juicio o un proceso, y no puede estar amparado por la grandeza del texto constitucional que lo contiene. Lo que necesitamos ahora plantearnos es si el juicio político es una garantía para la vigencia de las instituciones del Estado –sobre todo para el Presidente electo, cuyo mandato no puede depender de los caprichos de las Cámaras ni de un mero voto de censura–, o si es una forma arbitraria de pisotearlas. Yo, por mi parte, me resisto a pensar que el juicio político no es una garantía.

         Tal y como sucedió en Roma en aquellos idus de marzo, a Julio César lo mataron en el Senado en una conspiración política encabezada por Bruto y Casio. En la destitución del presidente Lugo los Diputados y Senadores paraguayos se han comportado, en el sentido romano de la palabra, de un modo un tanto bruto, porque se habla en la prensa de estos días de que ha habido una conspiración política para, también en el Senado, acabar con su presidencia. El caso es que esta vez la forma elegida ha sido, a mi entender, la de un pseudojuicio político que por estar dotado de constitucionalidad, se encuentra dentro de ella. Pero lo cierto es que a un juicio acorde con los preceptos de la Constitución, ni se aproxima ni se asemeja; y que, para los que lo hemos vivido en primera persona, ha sido, cuanto menos, asombroso. Fue como presenciar la escenificación de un espectáculo que podríamos situar a medio camino entre la versión clásica del circo romano y el “Flying circus” de Monty Python. Sin embargo, siendo consecuentes, no nos queda más opción que acatar democráticamente las decisiones que emanan de las instituciones paraguayas legalmente constituidas y darle la bienvenida al nuevo orden constitucional que se avecina. Mis mejores deseos para el futuro de la República del Paraguay que, a pesar de lo acontecido, sigue siendo una República.

6 comments for “Juicio político al Presidente electo de Paraguay Fernando Lugo. Constitución y destitución, la explicación de lo inexplicable.

  1. Marc
    20 octubre, 2012 at 21:41

    Les dejo el enlace de un artículo muy bueno de uno de los más ilustres doctrinarios constitucionalistas paraguayos, el Doctor Luis Lezcano Claude, que hace un análisis en el mismo sentido. 
    Saludos. 
    http://luislezcanoclaude.wordpress.com/2012/09/18/sobre-el-juicio-politico-al-presidente-fernando-lugo-mendez-2a-version/

  2. EBER
    10 octubre, 2012 at 17:52

     
    MUY BUENA Dr. EL ANALISIS Y EL ENFOQUE QUE LE DISTE, BIEN AHORA DESDE OTRA PERSPECTVA O SEA “YO”: CABE MENCIONAR QUE ESTE FUE EL PRIMER JUICIO POLITICO EN EL QUE SE LE DESTITUYE A UN PDTE EN PARAGUAY Y DE LA FORMA MAS FUNESTA Y IRRACIONAL;
    EJEMPLO:
    EN UN JUICIO COMUN Y CORRIENTE EXISTEN PLAZOS Y FORMAS A SER RESPETADAS
    PRUEBAS FEHACIENTES (¿¿¿¿recortes de periódicos?????) ESTO DE ENTRADA FUE UNA BURLA HACIA LOS PARAGUAYOS  Y RESPETAR LO QUE LA CONTITUCION REZA, CODIGOS REGLAMENTOS Y CONVENIOS DICTEN  ESTO NO SE RESPETO.
     MUY BIEN EN NUESTRA CONSTITUCION ES MUY AMBIGUA EL ARTICULO QUE SE REFIERE AL JUICIO POLITICO…. PEROOOO PEROOO LOS SUPUESTOS JUECES DEBERIAN DE HABER TOMADO UN EJEMPLO CUALQUIERA DE JUICOS LLEVADOS ACA, PERO NO PRIMARON LOS INTERESES PARTIDARIOS Y PERSONALISTAS DE MUCHOS DE LOS QUE EN ESE ENTONCES FUNGIAN DE JUECES ESTO NO ES MAL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES?????
    LO UNICO QUE  MAS NOTORIEDAD TUBO ESTE JUICIO FUE EL HAMBRE DESMEDIDO DE LOS “jueces” POR HABERLES CORTADO EL CHORRO DE HACER PLATA 

  3. alimoka
    12 julio, 2012 at 3:04

    Muy buen enfoque…..

  4. José Manuel González
    5 julio, 2012 at 22:04

    Artículo muy interesante, con fuertes argumentos que creo que todo paraguayo y no paraguayo debe de leer.

  5. Marc
    4 julio, 2012 at 13:15

    Estás equivocada Damiana, el tratado de Ushuaia II sólo fue firmado por Lugo entre los 11 países firmantes. Luego hay que ratificarlo (que no se hizo) y luego hay que aprobarlo en el congreso. Si no se hacen esas dos fases más, el tratado es como si no existiera. Aparte la firma del tratado es un atribución constitucional del presidente. De todas las acusaciones esa fue la más absurda, y todo el mundo lo vio. Es una opinión. Este artículo está muy bien, refleja claramente la realidad de lo que ha pasado en Paraguay.

  6. Damiana Gimenez
    3 julio, 2012 at 14:50

     
    Protocolo Ushuaia 2… aprobado por parte de Fernando Lugo, ese es el punto..el punto NO es si el Congreso lo hubiese rechazado o no..el punto es que EL FIRMO un protocolo que a luces interviene en la Soberanía paraguaya en favor del Poder Ejecutivo, solamente contempla que el Ejecutivo declare quiebre democrático y entonces da carta verde a los demás países a intervenir (retrocediendo años en la lucha por nuestra libertad y soberanía como nación).. no solo eso, el único capaz de declara ese quiebre, es el Ejecutivo  (y si él, comandante en jefe de las FFAA, se plantea una disolución del Congreso por su parte, quien podría declarar antidemocrático..?)
    En una jugada quizás que pensó pasaría desapercibida (y paso desapercibida para las demás naciones), el Paraguay como nación que ya ha pasado por dictaduras y golpes de estado..sabe que cosas hay que analizar mejor para aprobarlas, talvez Fernando Lugo pensó meter el protocolo por la ventana y hacerlo a probar de todas formas. Le costo caro.
    Creo que dar mas tiempo a justificar lo injustificable(la firma de violación a la soberanía, a favor de su mandato), no cambiaria mas nada.
    Es mi opinión.

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